¡Manos arriba! Es un asalto…

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Por: Dra. Sara Castellón Shible

Por medio de una circular electrónica una madre fue informada que la entrega de notas en el colegio de su hija sería el jueves próximo a las siete de la noche. Ese día el ingreso de los padres de familia y sus hijos (algunos asisten con ellos porque no tienen quien se los cuide), fue exclusivamente por uno de los portones del centro educativo. Esa noche, mientras entregaban las notas en el gimnasio, un sujeto con pistola en mano entró a la soda de la institución, amenazó a los presentes, robó el dinero en efectivo, una computadora y la cartera de una señora. El ingreso del delincuente ocurrió a vista y paciencia de la seguridad de la institución. ¿Qué responsabilidad tendría el colegio si un estudiante hubiera resultado herido a consecuencia del asalto?

Los propietarios de centros educativos privados suelen pensar que sus negocios por tener ese carácter “privado” están excluidos de la responsabilidad civil que pueda derivar de hechos que generen daños y perjuicios a los estudiantes, personas que trabajen en la institución y padres de familia que frecuenten las instalaciones por cualquier motivo.

La Ley de Protección de la competencia y defensa efectiva del consumidor define en su artículo 2 al “comerciante o prestador del servicio” como toda persona física, entidad de hecho o derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual, a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes, o a prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal.

Los colegios privados son prestadores de servicios educativos y de esta normativa surge la responsabilidad objetiva sustentada en la creación de un riesgo que puede provocar un daño a terceros o sus bienes y cuyas consecuencias deben ser asumidas aún y cuando provengan de una actuación lícita. El artículo 35 de la Ley de Protección de la competencia y defensa efectiva del consumidor, da una mejor protección a los derechos difusos que le dan legitimidad procesal al consumidor, orientándose a la protección, a la salud, seguridad, y el resguardo al derecho de información del consumidor dentro de la relación de consumo, esencia fundamental de esta normativa.

En el caso concreto de haber resultado herido un estudiante, le correspondería como consumidor o usuario demostrar únicamente – para poder interponer el reclamo fundamentado en esta responsabilidad objetiva-, que entre él y el colegio que es considerado comerciante, existe una relación de consumo, dentro de la cual se produce el daño como consecuencia de un servicio prestado. La carga de la prueba recae en el productor, comerciante o proveedor, una vez que ha sido demostrada la relación de consumo por parte del usuario.

La protección que otorga esta ley a dos aspectos fundamentales en la relación de consumo: el derecho del consumidor a una información veraz y oportuna del producto o servicio que se está ofreciendo, en relación al principio de protección de la parte más débil de la relación de consumo.

Los comerciantes o prestadores de servicios están acostumbrados a hacer de las suyas, no quieren responder por los perjuicios que ocasionen al consumidor. En esta materia aún hay mucho por hacer, sobre todo cuando reciben un reclamo directo de parte del usuario, ya que existe una resistencia generalizada para resolver de forma directa este tipo de conflictos- sin acudir a instancias administrativas o a los Tribunales de Justicia – respetando como corresponde los derechos de ambas partes.

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